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Le concedieron la libertad a Cristóbal López y a Fabián De Sousa
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Miércoles, 9 de octubre de 2019
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 El magistrado aceptó los seguros de caución presentados como garantía de la fianza de 60 millones de pesos que le había impuesto a cada uno de los empresarios K.
Después de más de un año detenidos en el penal de Ezeiza, Cristóbal López y Fabián de Sousa recuperaron la libertad este martes. El juez Claudio Bonadío dio por corroborados los seguros de caución que las respectivas defensas presentaron ante el juzgado como garantía de la fianza fijada por el juzgado de 60 millones de pesos para cada uno.
Cerca del mediodía, López y De Sousa fueron trasladados desde el penal de Ezeiza hacia la sede de la Policía Federal, donde fueron recibidos por Aníbal Fernández (uno de los abogados de De Sousa) y puestos en libertad.
Ambos empresarios fueron liberados después de que el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3), que los juzga por defraudación al Estado por la deuda multimillonaria generada con Oil Combustibles, les concediera la excarcelación al considerar que ya no existían motivo por el cual debían permanecer detenidos.
La medida abrió la puerta a las diferentes actuaciones que surgieron en torno a las excarcelaciones de López y de De Sousa, ya que el juez Bonadio les había dictado prisión preventiva en dos expedientes vinculados a la causa conocida como los cuadernos de las coimas.
El rechazo de Bonadio al otorgamiento de la excarcelación trasladó la decisión a la Sala I de la Cámara Federal porteña. Los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia revocaron el viernes pasado la prisión preventiva y ordenaron que se haga efectiva la liberación de los empresarios tras el pago de la caución que fijara el magistrado. Bonadio fijó una fianza de 60 millones de pesos para cada uno.
Este lunes, los abogados defensores presentaron un seguro de caución como garantía de la fianza que determinó el juez. Tras recibirlo, el magistrado remitió un oficio a la compañía de seguros para que confirmase la contratación por parte de López y de De Sousa, y otro a la Superintendencia de Seguros de la Nación para saber si la empresa efectivamente tenía respaldo financiero para el préstamo que estaba realizando y si se encontraba inscripta oficialmente.
Después de recibir toda la documentación, el magistrado envío las respectivas notificaciones al Servicio Penitenciario Federal para informar sobre la liberación de los dueños del Grupo Indalo.
Dueños de un conglomerado de más de 150 compañías, López y De Sousa tuvieron que contratar un seguro de caución para hacer frente a la fianza, ya que se encuentran embargados e inhibidos en diversas causas donde se los investiga por defraudación y lavado de dinero.
Según habían indicado a Clarín fuentes allegadas a la defensa, el empresario K no podía hacer frente a los 60 millones de pesos con bienes y recursos propios. En primer lugar, porque cuentan con embargos en diferentes expedientes que en su totalidad suman más de 1.500 millones de pesos. Además, los bienes de su patrimonio, que cuentan con medidas cautelares, no pueden ponerse a disposición a modo de garantía.
Por otro lado, el Grupo Indalo tiene gran parte de sus compañías concursadas, lo que impide que se puedan poner acciones del holding a modo de garantía.
La excarcelación
La Cámara Federal porteña dijo que si bien los procesamientos de Bonadio sobre López y De Sousa aún no tienen confirmación de ese tribunal de apelaciones, la prueba "se encuentra producida y por lo tanto asegurada, no advirtiéndose la necesidad -al menos inmediata-, de producción de otras medidas distintas a las que ya se encuentran resguardadas".
En consecuencia, plantearon que no existen "elementos que permitan suponer un comportamiento obstructivo que en adelante pongan en riesgo el avance de la investigación, ni presumir que, de recuperar el imputado su libertad, podría intentar eludir la acción de la justicia". Por eso, ni el fiscal se había opuesto a la excarcelación.
Además, se tuvo en cuenta la decisión del Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3), que remarcó que no hay más riesgo procesal, ya que no existe "el entorpecimiento de la investigación que dio origen a la prisión preventiva".
Como condición para la excarcelación, la Cámara impuso que López y De Sousa deberán presentarse periódicamente ante el Tribunal, "no ausentarse sin previo aviso de su domicilio por más de 48 horas, procederse a la retención de su pasaporte y librar orden expresa de prohibición de salir del país con comunicación a las autoridades correspondientes".
Juicio por defraudación
Pese a haber conseguido su excarcelación, los dueños del Grupo Indalo continuarán asistiendo los jueves al juicio que el TOF 3 realiza en su contra. Es ese expediente el que los llevó a prisión.
El TOF 3 es el responsable de juzgar a los empresarios junto a Ricardo Echegaray por haber defraudado al Estado al no haber tributado el Impuesto a la Transferencia de los combustibles (ITC) con la petrolera Oil. La Justicia determinó que, lejos de cumplir con sus obligaciones fiscales, los empresarios se financiaron con esos fondos que para la AFIP superan los 8.000 millones de pesos, y ampliaron su conglomerado de 170 firmas. Nada podría haber ocurrido sin la connivencia del organismo recaudador, sostiene la acusación.
En el marco de esta causa, el juez Julián Ercolini había ordenado el procesamiento con prisión preventiva. Al momento de argumentar por qué se ordenaba las detenciones, el juez concluyó que los dueños de Oil cometieron acciones "dirigidas a obstruir la labor de la Justicia”. Uno de los ejemplos citados fue la venta que intentó hacer Cristóbal López a Op Investments, el fondo de inversión de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, pese a regir "una inhibición de bienes que lo impedía".
Los dueños del Grupo Indalo manifestaron que la cesión tenía como objeto "recuperar el crédito del conglomerado empresarial y garantizar la continuidad de sus negocios y el pago de deudas". Entonces se planteó que la venta del holding de 170 sociedades debía ser investigada en un nuevo expediente, por posible fraude.
Esa causa quedó radicada en el Juzgado Federal 5, cuya titular María Eugenia Capuchetti sobreseyó a López y a Fabián De Sousa al sostener que "no se intentó defraudar a los intervinientes en ese expediente, tampoco fueron transferidas las acciones de las empresas y no obra ninguna prueba que permita inferir que se encontraban impedidos de realizar cambios de autoridades ni tampoco que esta situación haya sido efectuada con fines ilícitos".
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