El Gobierno asegura que hay al menos $ 270 mil millones para recuperar

Martes, 29 de enero de 2019

Son bienes embargados en causas en 2017 y 2018. La mayoría pertenece a los Kirchner, Báez y ex funcionarios. Así lo destaca un informe de la Oficina Anticorrupción.

En medio del debate sobe el Decreto firmado por el presidente Mauricio Macri sobre la extinción de dominio, el Estado busca recuperar $ 270 mil millones de bienes embargados en causas de corrupción. Es sólo un recorte realizado de las medidas cautelares impuestas en causas en las que se encuentra la Oficina Anticorrupción (OA) como querellante. Los principales acusados a quienes se le trabaron embargos en esos expedientes son Cristina Kirchner, Máximo y Florencia Kirchner, Ricardo Jaime, José López, Julio De Vido, Lázaro Báez, Cristóbal López, entre otros.

Con la discusión política como telón de fondo sobre el DNU de Macri para aplicar una Ley de Extinción de Dominio, la Oficina Anticorrupción (OA) que conduce Laura Alonso, busca el recupero de $ 270 mil millones en ocho causas de las que son querellantes. El valor de bienes embargos a los imputados sólo incluye expedientes de 2017 y 2018. “Es sólo un muestreo de la cantidad de dinero de la que estamos hablando”, indicaron fuentes oficiales a Clarín.

Si bien no se tratan de bienes incautados, la cifra es “relevante y vamos a ir por más bienes de la corrupción”, indicó Alonso. Son embargos a los que se afectaron una extensa lista de propiedades, vehículos y otros bienes de personas jurídicas involucradas en diversos expedientes.

Causa por causa, sólo de los últimos dos años la Justicia federal trabó embargos en ocho causas de corrupción por $ 269.892 millones.

La causa que el mayor embargo tiene aplicado es la Ruta del Dinero K. El principal acusado es Lázaro Báez junto a otras 37 personas, medida que incluye a un conjunto de empresas involucradas. En esta causa por lavado de dinero que instruyó el juez Sebastián Casanello junto al fiscal Guillermo Marijuan, la afectación de bienes es de $ 207.391 millones. Es uno de los montos de mayor envergadura.

Otra de las investigaciones que tuvo procesamiento dictado durante 2017 con Julio De Vido y José López entre los principales imputados, es la conocida como “Skanska”. Casanello los acusó por los delitos de fraude y cohecho y los embargos que se imprimieron fueron de $ 912,5 millones.

Durante 2017 uno de los expedientes en el que también se fijaron embargos elevados y que el Estado busca recuperar, es el de Los Sauces SA -la inmobiliaria de la familia Kirchner que tuvo como principales inquilinos a Lázaro Báez y a Cristóbal López-. En esta instancia el juez Bonadio trabó medidas cautelares por $ 3.417 millones. La principal acusada como jefa de la asociación ilícita son Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia.

Tramas de corrupción vinculadas al transporte condujeron a prisión a Ricardo Jaime. En la causa donde se lo investigó por dádivas se le aplicó una embargo de $ 29 millones. Cifra cercana se le trabó a José López en la investigación por enriquecimiento ilícito. Y finalmente, de los expedientes de 2017, Julio De Vido recibió otra medida sobre su patrimonio de $ 250 millones en la causa donde se lo detuvo por desviar fondos que debían dirigirse a la mina de carbón de Río Turbio (Santa Cruz).

De los trámites judiciales de 2018, la OA busca recuperar más de $ 22.812 millones. La cifra se compone en primer lugar, de los embargos ordenados por Casanello en la causa que investiga dos plantas potabilizadoras de AySa construidas por Odebrecht. Allí, la primera parte acusó a empresarios y ex funcionarios negociaciones incompatibles con afectación de bienes por $ 13.767 millones.

Aparte de esta causa, el Estado contabiliza los $ 9.045 millones que el juez Julián Ercolini le trabó a la ex Presidenta, a sus hijos, a Báez, y a otros más de quince acusados en la causa Hotesur SA (firma de los Kirchner dueña del hotel Alto Calafate). En esta investigación se expusieron los negocios hoteleros como parte de una maniobra de lavado de activos.

Como contó Clarín días atrás, muchos de los bienes incautados se van echando a perder en galpones por los que el estado gasta cientos de miles de pesos por mes.

Anoche, en una entrevista con TN, Alonso subió la apuesta. Dijo: "No sé si Cristina va a ir presa, pero estoy segura de que va a terminar sin un solo peso".