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Ya tiene fecha el primer juicio oral contra Cristina Kirchner
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Lunes, 3 de septiembre de 2018
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 El Tribunal Oral Federal 2 fijó el 26 de febrero para iniciar las audiencias en la causa por el direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) fijó fecha para el inicio del juicio contra Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, entre otros, en la causa que investigó el direccionamiento de la obra pública a favor del Grupo Austral. Esta instancia dará comienzo el 26 de febrero y será la primera vez que la ex Presidenta esté en el banquillo de los acusados junto al empresario K.
Se trata del expediente más importante de las causas por corrupción en las que está acusada la ex Presidenta, ya que la Sala II de la Cámara Federal porteña determinó que las maniobras investigadas son ni más ni menos que un delito precedente que permitió expandir “la matriz de corrupción” a otras investigaciones por lavado de dinero, donde se reiteran prácticamente los mismos acusados.
Tras evaluar la prueba solicitada por el fiscal ante el Tribunal, Diego Luciana, el TOF 2 -integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Jorge Tassara- fijó fecha para que comience el primer juicio contra Cristina Kirchner: será el 26 de febrero de 2019 a las 12 en los Tribunales de Comodoro Py, donde la ex Presidenta ya tiene otras dos causas elevadas a juicio sin fecha de inicio.
El fiscal Luciani había pedido una extensa lista de testigos encabezada por la dirigente Elisa Carrió, la ex diputada Margarita Stolbizer, el valijero Leonardo Fariña y el ex titular de la Auditoría General de la Nación Leandro Despouy. Además, en el listado se incluyó al ex director de Vialidad Nacional y actual ministro de Energía, Javier Iguacel, como a Sergio Brodsky titular de la Inspección General de Justicia (IGJ). Iguacel impulsó las denuncias por irregularidades en la obra pública contra el kirchnerismo cuando asumió en Vialidad.
Por su lado, la Oficina Anticorrupción -que es querellante en la causa- también entre su lista de testigos incluyó a los periodistas de Clarín Jorge Lanata y Nicolás Wiñazki, entre otros.
El juez Julián Ercolini fue quien instruyó la causa y procesó a la senadora de ser “jefa de una asociación ilícita” y haber defraudado al Estado por favorecer a Báez, quien recibió 52 contratos de obra pública vial por 46.000 millones de pesos durante los gobiernos kirchneristas.
La imagen del juicio avizora a Cristina Kirchner por primera vez compartiendo el banquillo de los acusados con Báez. Se verá al Tribunal Oral Federal frente a veinte personas procesadas por presunta participación en una misma maniobra, con diversas responsabilidades y, según la acusación, un único fin: "convertir al amigo presidencial en el principal empresario de la obra pública en Santa Cruz".
Para Cristina Kirchner, en cambio, esta causa "encierra y consolida aún más todos los vicios y arbitrariedades que fueron puntualizados por mi parte a través de las presentaciones".
Según la acusación judicial, durante las administraciones kirchneristas se instauró una "maniobra de corrupción" desde el Gobierno y organismos estatales vinculados a la obra pública, con quienes "se montó una organización criminal" para la "sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor del Grupo Austral”, de Lázaro Báez.
Así, se señaló a Cristina y sus ex funcionarios vinculados a la administración y control de la obra pública formaron parte de "una asociación" destinada a "cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz".
Ese circuito de contrataciones "irregulares" permitió que entre 2004 y 2015 el patrimonio del "amigo presidencial" creciera un 12.127%, adquiriendo bienes por 205 millones de dólares.
Pero no era la instancia final: los fondos "eran destinados a enriquecer el patrimonio de los ex presidentes" Cristina y Néstor Kirchner, según el procesamiento. Se estableció que hubo “beneficios exclusivos" para Báez, quien se convirtió en el "empresario de obra pública vial más beneficiado" por las gestiones K.
La "operación criminal" fue, según la Justicia, el medio que utilizaron los ex presidentes Néstor y Cristina para "pervertir su función" y utilizar el Estado para "enriquecerse a costa del trabajo de la comunidad".
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