Empresarios procesados y embargados en causa por lavado de dinero

Viernes, 3 de noviembre de 2017

Se trata de una organización que estaría vinculada a una red de prostitución y narcotráfico. En la causa está procesado un ex Fiscal Federal de Paso de los Libres.

La jueza federal de Paso de los Libres, Cristina Pozzer Penzo, procesó el miércoles con embargos millonarios a once empresarios acusados de integrar una organización dedicada al lavado de dinero proveniente de la trata, el narcotráfico y el contrabando de divisas, vinculada con una red de prostitución por la que está procesado el ex fiscal federal de Paso de los Libres, Benito Pont.
La investigación es llevada adelante por los fiscales Carlos Schaefer y Fabián Martínez, las Procuradurías de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y de Trata (PROTEX). Pozzer Penzo embargó hasta la suma de 3 millones de pesos a los sospechosos de estar vinculados a la red que prostituyó a 38 víctimas de trata. Además, la magistrada ordenó el decomiso definitivo de 37 autos, lanchas, motos, camionetas y hasta un tractor, pertenecientes a la organización, que también está implicada en el montaje de empresas fantasma para el lavado de activos de origen ilícito.
Los procesamientos, que no incluyen prisión efectiva, fueron dictados contra Ricardo Aguirre, de 62 años; Ricardo Gustavo Aguirre, de 37 – padre e hijo respectivamente, procesados en una causa paralela junto al ex fiscal Benito Pont por trata y prostitución – María Clelia Espada, de 63 años; Pablo Martín Marsilli, Héctor Gavarone, Fernando Marticorena, Héctor Marsilli, Leonel Zappa, David Loza, Eduardo Bravo y José Acebal.

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“Para fortalecer su capital la organización creaba diversas sociedades, mediante las cuales se adquirían vehículos, cuya documentación estaba a nombre de los procesados, luego algunos vehículos aparentemente eran utilizados para cruzar a países limítrofes, presuntamente para obtener divisas”, señaló la PROCELAC en uno de los fundamentos.
En su fallo, la titular del Juzgado de Paso de los Libres puso de manifiesto que existen “peligros procesales concretos”, teniendo en cuenta que los investigados, “habiendo tomado conocimiento de la existencia del proceso penal en curso, se habrían desprendido rápidamente de sus bienes para que los mismos no resulten alcanzados en caso de ordenarse su decomiso”. Por eso ordenó que se impongan decomisos anticipados y definitivos con carácter de “muy urgente”. Por otra parte, se abrirá una causa por presunto tráfico de influencias, ya que de las investigaciones surge que Ricardo Aguirre fue requerido por la ex jueza Ana de Jesús Gauna para “que interfiera o ejerza su influencia sobre quien corresponde a fin de impedir su remoción”.
El primer allanamiento que dio origen a la investigación se concretó en 2008, los mismos fueron realizados por la Prefectura Naval en el que fueron clausurados un motel, un local para fiestas y un local nocturno. Todos ellos permanecen embargados.