Allanaron una oficina municipal por investigación sobre hurto de energía

Miércoles, 21 de junio de 2017

El intendente kirchnerista Ernesto Domínguez tiene como funcionario a un acusado de robarle luz al Estado. El lunes se realizaron tres allanamientos, entre los que se incluyó a la Secretaría de Obras Públicas. Escándalo en puerta.

La novedad resulta insólita y otra vez salpica a una comuna gobernada por el justicialismo kirchnerista. La justicia provincial allanó la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Curuzú Cuatiá, ya que su titular, Eduardo Ocampo, se encuentra investigado en una causa por el supuesto hurto de energía.
Las actuaciones se llevaron adelante en la noche del lunes, cuando se realizaron tres allanamientos en distintos domicilios de esa ciudad del sur provincial. La investigación está a cargo del Juzgado de Instrucción de Curuzú Cuatiá, cuyo titular es Martín Vega, juez que también interviene en las causas que tiene la intendenta de Perugorría, Angelina Lesieux, localidad que se encuentra dentro de ese mismo departamento.
Los allanamientos se dieron de forma simultánea y se iniciaron después de las 22 de la fría noche del lunes. Se tomaron algunas declaraciones y se secuestraron documentos valiosos para la causa, que busca esclarecer el supuesto hurto de energía eléctrica, delito del que está sospechado el funcionario municipal.
Los operativos fueron realizados por personal judicial y efectivos de la Policía de Corrientes en tres lugares: las oficinas de Obras Públicas del Municipio de Curuzú, por calle Rodríguez Peña al 700; la casa de la madre del funcionario público sospechado, en la misma calle al 1000, y un tercer allanamiento en la vivienda de quien sería la actual pareja del funcionario, Anabella Aranguiz, en la esquina de Puerto Argentino y Serradori. Esta información fue consignada por el diario digital IUS Noticias, medio que viene siguiendo de cerca este tama que salpica a la gestión del intendente Ernesto Lalo Domínguez, “capataz” a cargo de la Intendencia mientras el matrimonio de Carlos Rubín y Alicia Locatelli, cumplen funciones tanto en el Congreso nacional como en el parlamento local.
El hecho sin dudas es considerado un escándalo, teniendo en cuenta que el hurto de energía es una defraudación al fisco, pero por sobre todo porque la acción de Ocampo está en disonancia con la política que lleva adelante la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) para erradicar uno de los flagelos que atentan contra el buen servicio de electricidad para la población local.
El juez Vega dio precisiones al respecto en una entrevista radial concedida a la AM 970, en la que explicó que la investigación se inició a partir de la denuncia en fiscalía del encargado de la DPEC de esa localidad, al tiempo que puso de manifiesto que “en Obras se secuestró la documentación pertinente, lo que se buscaba de la propiedad de Berón de Astrada al 1100 donde el encargado de la DPEC dijo que se habría cometido el hurto de energía”.
“El allanamiento a Obras Públicas se da en el marco de que una de las personas sospechada de cometer el delito se desempeña actualmente como secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad, y cuando uno necesita, como en este caso, obtener la documentación referente a planos de obras, a cómo son los tendidos eléctricos dentro de la propiedad, cuándo no es la persona imputada la titular de esa repartición se le pide la información a través de un oficio”, explicó Vega en declaraciones radiales.
Si bien el hurto de energía es un delito menor, tanto Ocampo como su pareja Aranguiz, no perderían la libertad. No obstante, deja muy mal parada a la gestión de Domínguez, teniendo en cuenta que él y sus funcionarios deberían ser intachables en cuestiones referentes a la ética y la honestidad en lo que refiere a los bienes del estado. Lo de Ocampo representa es una falta total de respecto hacia los ciudadanos que se encuentran legal y legítimamente conectados al sistema de energía, y es una clara violación a los deberes que tiene como funcionario público y está penado en el Código Procesal en los artículos 248 y 249.
Vega adelantó que serán citados a indagatoria estas dos personas que aparecen en acusados en la causa. “Ahora tenemos que indagar a los dos sospechosos, a los dos imputados y posteriormente se seguirá profundizando en lo que tenga que ver con la identidad, es decir, en el plano subjetivo, quiénes son los responsables y luego en la verificación de la conexión de cables para el hurto de energía”, explicó el magistrado, que, una vez deberá, intervenir en una causa donde se encuentra sospechado de delitos un funcionario que representa al Partido Justicialista.