La Justicia requirió a Lesieux y a Corona explicaciones sobre su abultado patrimonio

Lunes, 10 de abril de 2017

El juez Vega pidió que la pareja que gobierna Perugorría desde 2005 dé cuenta de cómo adquirieron 12 propiedades y vehículos de alta gama.

La estrategia de los alineados a Camau es justificarlos como herencia.

El escándalo por la forma en que se administra la Comuna de Perugorría tuvo un nuevo capítulo la semana pasada cuando el Juzgado de Instrucción y Correccional de Curuzú Cuatiá, a cargo del magistrado Martín Vega, citó a la actual jefa comunal de la pequeña comunidad, la kirchnerista Angelina Lesieux, y a su actual pareja, el concejal liberal Jorge Luis Corona, para que den explicaciones respecto de 12 bienes adquiridos en los últimos cuatro años.
Fuentes calificadas de la investigación dieron cuenta a La República que se trataría de propiedades en Perugorría y en localidades cercanas tales como Mercedes y Monte Caseros, e inclusive inmuebles en la capital provincial. Asimismo, el Juzgado requiere información sobre una gran cantidad de autos de alta gama que poseería la pareja. Lo que no está claro cómo lograron alcanzar esta opulencia económica y de bienes, siendo que se ambos se dedican a la función pública desde hace ya muchos años.
Según pudo averiguar este diario, ambos se presentaron a cumplir con esta requisitoria de la justicia provincial y habrían manifestado que las propiedades son una herencia que les dejará un familiar de Lesieux.
La Justicia ya tiene identificados los bienes, con sus correspondientes direcciones y números de adrema, en lo que refiere a terrenos, y los dominios, en el caso de los vehículos.

El fin del relato

Lesieux quedó en la palestra luego de una denuncia que realizó la diputada nacional Margarita Stolbizer, respecto de obras nacionales que se cobraron por parte de la gestión municipal que ella conduce, pero que jamás se llevaron a cabo. De hecho, la Justicia avanza con la investigación de esa causa donde la dirigente justicialista, alineada al senador nacional Carlos Mauricio Camau Espínola, se encuentra procesada.
En ella hay serias irregularidades con los dineros públicos que envió la gestión de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) para la realización de 40 viviendas sociales, un puente peatonal, una ciclovía y mejoras en el balneario municipal. Al momento en que se auditaron esas obras, quedó al descubierto que no se habían realizado, pero que el dinero se había ejecutado, motivo por el cual la Justicia puso la lupa en la intendenta y su equipo económico. Esta causa se encuentra en el Juzgado Federal de Sebastián Ramos y tiene como fiscal de instrucción a Gerardo Pollicita.
La propia casa de jefa comunal fue allanada en busca de información, al igual que el edificio de la Municipalidad, buscando todo lo que pueda echar luz sobre estas irregularidades.
Asimismo, en ese marco la Oficina Anticorrupción, a cargo de la macrista Laura Alonso, también abrió una causa en la justicia provincial investigando cómo se trianguló el cobro de los fondos a partir de las cooperativas que se utilizaron, las cuales extrañamente tienen como domicilio legal la dirección donde se emplaza la Municipalidad de Perugorría.

Los $ 25 millones perdidos

Aquí lo que se investiga es el destino de cerca de 25 millones de pesos que envió a Corrientes el exsecretario de Obras Públicas José López, hombre que se encuentra detenido ya que se lo encontró en la puerta de un supuesto convento con millones de dólares en bolsos y un arma de guerra. El hombre era la mano derecha del exsuperministro kirchnerista Julio De Vido y tenía relaciones muy aceitadas con el entonces niño mimado de CFK en Corrientes, Camau Espínola, quien se presentaba como el gestor ante el Gobierno nacional para conseguir fondos y programas a fin de que se bajen y se concreten en las comunas alineadas al entonces opulento Frente para la Victoria (FPV), del cual el hoy candidato a gobernador del PJ reniega.
De hecho, Camau aparece en un audio que se le atribuye a Lesieux, donde en una suerte de explicación a uno de los presidentes de una las cooperativas en cuestión, daba cuenta que el dinero que llegaba de la Nación no solo se utilizaba para realizar obras, sino que también se destinó a solventar las campañas del FPV, del PJ de la Capital, Mantilla y del propio Espínola.
Si bien la intendenta camauista intentó desdramatizar el escándalo de corrupción en el que estaba envuelta, echando culpas a un supuesto patriarcado machista que la perseguía y del cual el titiritero era el gobernador Ricardo Colombi, ya que no podía soportar su condición de mujer política, a medida que la Justicia echaba luz al hueco en el que se hallaba, la bella señora era descarnada por las pruebas irrefutables que aparecían en el camino al fondo.
Lo cierto es que ahora la Justicia pone la lupa sobre los bienes adquiridos por el matrimonio que regentea el municipio de Perugorría desde 2005. Quiere saber cómo hizo para alzarse con 12 propiedades y una flota de autos de alta gama, e inevitablemente se entra en la tentación de buscar las relaciones asociativas de estos, con los hechos de corrupción que se investiga por las “obras públicas fantasmas”.