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Schoklender cargó contra el juez ante un eventual procesamiento
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Jueves, 30 de marzo de 2017
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 El ex apoderado de la Fundación acusó a Martínez De Giorgi de “inoperante” y “parcial”. Y reclamó que se tomen nuevas medidas de prueba
Sergio Schoklender recurrió una vez más a la táctica que tanto había utilizado al comienzo de la investigación: confrontar con el juez. El ex apoderado de la Fundación presentó un escrito en que acusa a Marcelo Martínez De Giorgi, reemplazante de Norberto Oyarbide, de "inoperante" y "parcial", y le reclama una docena de medidas de prueba en un plazo de 72 horas. Se trata de otra jugada de Schoklender ante un eventual procesamiento por el desvío de fondos de Sueños Compartidos, que significó una inversión de más de $1.200 millones (en total se transfirieron casi 750 millones).
En una nueva ampliación de su indagatoria, Schoklender volvió a reiterar que no cometió delitos y que las viviendas "se construyeron". Y reclamó una docena de medidas de pruebas, que ya habían sido rechazadas por el juez de la causa. ¿Cuáles son? Un peritaje contable y técnico en ingeniería que incluya el estado de avance de las obras a mayo de 2011, enviar un oficio a la Secretaría de Obras Públicas para que informe "el estado de avance físico de otros planes de viviendas sociales de carácter nacional", y un peritaje contable de todos los movimientos financieros y bancarios de las diferentes cuentas de la Fundación, de los miembros de su Consejo de Administración y sus familiares, entre otras cosas.
Ante un eventual rechazo por parte del juez, Schoklender advirtió que promoverá "todas las medidas legales pertinentes para que se lo aparte de esta investigación, puesto que un proceso judicial con esas características resulta contrario al Estado de Derecho Constitucional".
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No sólo eso. El ex apoderado cargó contra el juez de manera directa y contra todos los integrantes del Poder Judicial que lo investigaron: "Nunca ha podido elaborar una secuencia lógica acerca de lo que pretende endilgarme y ha recurrido a la enunciación de hechos aislados con la previa categorización de 'irregulares', para justificar el infausto dispendio jurisdiccional que, por su desidia, inoperancia y parcialidad, causaron desde el inicio del expediente junto al inefable Oyarbide y a los distraídos representantes del Ministerio Público Fiscal".
Fiel a su estilo, Schoklender deslizó que hay presiones políticas para avanzar en su contra. "Frente a la expectativa de una nueva resolución judicial en estos expedientes, espero con ansias que S.S. tome conciencia de que las causas judiciales no se dirimen en los pasillos de la Casa de Gobierno ni en los medios públicos, sino en base a elementos objetivos de prueba y una interpretación sana de ellos", lanzó, sin dar datos ni precisiones.
Lo cierto es que la Justicia ya constató que no se realizaron licitaciones para adjudicar las obras y que se saltearon los controles estatales. También comprobó un desvío de más de 200 millones de pesos con los fondos oficiales.
Los cheques oficiales eran descontados en cuevas, pero terminaban siendo depositados por empresas agropecuarias y cooperativas para pagar menos impuestos. Con ese mecanismo, los Schoklender manejaban millones de pesos en efectivo.
La investigación sobre "Sueños Compartidos" va camino a cumplir seis años en mayo próximo. Al comienzo, el ex juez Norberto Oyarbide se encargó de investigar sólo a los hermanos Schoklender y a sus allegados. Pero la investigación fue un fracaso. En agosto de 2013, la Cámara Federal decidió anular todo y apartarlo. Desde entonces, todo el expediente se concentra en el juzgado de Martínez De Giorgi, que ya tenía una denuncia contra los funcionarios.
En la última ronda de indagatorias declararon 43 personas, entre funcionarios nacionales, provinciales, municipales, y la titular de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.
Además de los Schoklender podrían ser procesados el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el subsecretario Abel Fatala.
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