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Massa pidió sesiones extraordinarias para el debate
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Lunes, 16 de enero de 2017
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 El titular del Frente Renovador aseguró que hay que modificar el Presupuesto para construir cárceles e institutos de menores
El crimen de Brian Aguinaco en Flores, presuntamente asesinado por un adolescente de 15 años, reavivó un viejo debate en la Argentina sobre el régimen penal juvenil y la edad a partir de la cual las personas son imputables en la Argentina.
El presidente Mauricio Macri instruyó al ministro de Justicia, Germán Garavano, para convocar a una mesa de especialistas y redactar un anteproyecto de reforma.
El líder de uno de los sectores más importantes de la oposición, Sergio Massa, solicitó que el Poder Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias para que se pueda debatir "con seriedad y responsabilidad" el tema.
A modo de ejemplo, el conductor del Frente Renovador explicó que hoy el Presupuesto Nacional no tiene asignados fondos para la construcción de cárceles o institutos de menores. Tampoco prevé partidas para fomentar la coordinación de equipos psicológicos que trabajen en la prevención de adicciones.
"La edad es uno de los temas, pero tenemos que tener preparada la infraestructura para contener a los chicos. Además, hay que avanzar con la inclusión. La Argentina necesita pensar cómo saca a los chicos de la esquina, de la calle y de la droga… Y eso se logra con escuelas y polideportivos, con profesores que enseñen a compartir y a competir en el deporte y con maestros que tengan herramientas y los salarios adecuados", declaró Massa en Miramar.
La muerte de Brian no sólo abrió la discusión sobre la edad de imputabilidad. También impulsó al Gobierno y a distintos sectores a plantear un esquema de controles más exigentes a los extranjeros que quieren radicarse en la Argentina.
La preocupación de la Casa Rosada se centra en "la mano de obra del narcotráfico" que ingresa al país de forma legal, sin impedimentos. Para evitar ello, estudia suscribir convenios de intercambio de información con países de América Latina, con prioridad sobre tres países: Colombia, México y Perú. El objetivo del Ejecutivo es restringir el ingreso a la Argentina de personas con prontuario delictivo.
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