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Récord de asesinatos en Rosario: la mayoría fueron por sicarios
Viernes, 25 de noviembre de 2022
El 2022 ya se convirtió en el año más sangriento en la historia de Rosario, con 258 homicidios dolosos, una cifra alimentada por la violencia vinculada al narcotráfico y sicarios que ofrecen sus servicios a las diferentes organizaciones criminales que combaten por el territorio.
Las últimas dos víctimas fueron dos chicos de 14 y 15 años. Se trata de Eric Galliz y Valentín Solís, que fueron emboscados y asesinados a balazos en el Fonavi de Rouillón y Seguí, en el oeste de la ciudad.

Así, el contador del Ministerio Público de la Acusación (MPA) rompió el récord de 2014, cuando se registraron 254 crímenes en la Unidad Regional II de Santa Fe, que abarca el departamento de Rosario (esa ciudad, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria, Pérez, Funes, Ibarlucea y Arroyo Seco, entre otras localidades).

La ola de violencia y crímenes narco se desató tras el crimen de Claudio “Pájaro” Cantero, en 2013, y la guerra entre clanes fue la principal fuerza impulsora de los asesinatos sicarios durante ese año. Al siguiente, en 2015, la cifra descendió a 234, mientras que en 2016 se registraron 181 muertes.

En tanto, según las cifras oficiales, en 2017, el número continuó en baja y tocó el piso de 165 muertes, pero en 2018 volvió a subir a 204. En 2019 se registró otra baja (169).

Asimismo, pese a las restricciones por la pandemia, en 2020 hubo otro salto. El MPA anotó 214 homicidios y la curva siguió hacia arriba en 2021, con 244 casos.

Aunque todavía no cerró, el 2022 barrió con todas las estadísticas en un año que comenzó con un cruento triple crimen, al cierre de una boda narco.

No obstante, fuentes policiales y judiciales que conocen de cerca la problemática no esperan que las cifras desciendan, por el contrario, prevén que la violencia irá creciendo por la disputa entre narcos por el territorio.

Para enfrentarla solicitan al gobierno provincial y nacional recursos presupuestarios, humanos y logísticos; control de armas por parte de la ANMAC; neutralizar las comunicaciones desde las cárceles de todo el país; un sistema legal más expeditivo; mayor entrenamiento policial; más trabajo en equipo y más prisiones.


     
 
 

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