La Justicia sospecha de un plan para vaciar el grupo de Cristóbal López

Jueves, 15 de marzo de 2018

Tres semanas después de asumir como coadministradores en la nave insignia del Grupo Indalo por el temor de un vaciamiento, los tres expertos reportaron su primer informe a la Justicia.

Hallaron de todo: desde pagos millonarios a abogados -con destinatarios que incluyen a un exjefe de Gabinete kirchnerista y a un expresidente del Banco Central- hasta el giro de más millones a un lobista investigado en Brasil como presunto intermediario de coimas para quedarse con activos de Petrobras en el país.

El informe de los coadministradores de la petrolera Oil Combustibles, cuya copia obtuvo LA NACION, confirma que los sucesores de Cristóbal López y Fabián de Sousa se pagaron honorarios por anticipado por $ 8,1 millones, seis días después de aprobar el estado contable de la empresa con un rojo superior a los $ 600 millones. Los devolvieron ante el reclamo de los auxiliares del juez del concurso, Javier Cosentino.

Sin embargo, los dos sucesores de López y De Sousa, Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, no cedieron en otra de sus decisiones. Además de como directores, se incluyeron a ellos mismos como empleados en relación de dependencia de Oil, con salarios netos de 218.955 y 194.122 pesos.

Esos gastos, según detectaron los coadministadores Francisco Cárrega, Liuba Lencoba Besheva y Carlos Bianchi, ocurrieron mientras que la deuda fiscal de la petrolera sigue en aumento. Solo desde fines de diciembre de 2017, Oil Combustibles acumuló otros $ 111,4 millones en impuestos impagos e intereses.

Los datos que maneja el juez añaden complicaciones a la operación de venta del Grupo Indalo, dueño de 170 empresas, que además de Oil incluye los medios C5N y Radio 10 y la constructora CPC.

En su informe, titulado "Coadministradores judiciales denuncian contrataciones injustificadas para la concursada", los expertos también detectaron pagos, en ciertos casos sin contraprestaciones verificadas de, entre otros:

* El exjefe de Gabinete de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner , Alberto Fernández , que consta con una factura por $ 435.000 "aún pendiente de pago" por "asesoramiento en materia penal" a López y a De Sousa;

* Martín Redrado, expresidente del Banco Central, por $ 2,3 millones. Fue por "servicios prestados a sociedad de medios y no a OCSA [por Oil], pero por indicación del actual directorio el costo fue cargado" a la petrolera. "Desde la gerencia respectiva se pidió documentación de respaldo, pendiente de respuesta";

* El penalista Carlos Beraldi, que también defiende a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con honorarios pagos por $ 13,4 millones y pendientes de pago por $ 2,5 millones;

* Los también abogados penalistas Oscar Salvi y Julio Virgolini, por 380.424 -pendiente de pago- y 196.625 pesos, ya efectivizada;

* El estudio contable y jurídico Lisicki Litvin & Asociados, con honorarios por $ 2,6 millones por servicio prestado a OP Investment -el fondo inversor cuyo rostro visible es Rosner- "pero pagado desde OCSA";

* La sociedad OP Management, con $ 726.000; se pidió la documentación respaldatoria, "pendiente de respuesta", mientras que los coadministradores alertaron que "los actuales directores Rosner y Dellatorre son accionistas de OP Management", es decir, la controlante de la petrolera;

*El lobista Jorge Rottemberg, con una factura por $ 7,2 millones por "servicios de asesoramiento y consultoría", aunque los coadministradores informaron al juez Cosentino que "en la gerencia se desconoce si efectivamente se prestó el servicio". Más aún cuando, según el contrato, se abocó a "trabajos propios del concurso preventivo, pero lo cierto es que esos trabajos están íntegramente subsumidos en el contrato con el Dr. [Eduardo] Favier Dubois".

¿Quién es Rottemberg? Un lobista al que la Justicia brasileña investiga por su presunta intermediación en el supuesto pago de sobornos por US$ 10 millones a políticos y directivos de la petrolera estatal de ese país, Petrobras, para destrabar la compra por López y De Sousa de la refinería San Lorenzo y otros activos en la Argentina, entre 2009 y 2010.

Para eso, el eslabón clave habría sido la sociedad uruguaya Millfox Trading, propiedad de Rottemberg, un ex funcionario menemista que debió renunciar a su cargo pública cuando trascendió que la Justicia lo había condenado por una estafa.

Según reconstruyó el juez del Lava Jato, Sergio Moro, con documentación y los aportes de arrepentidos en aquel país, López y De Sousa habrían triangulado los sobornos a través de la compra de las acciones de una sociedad que controlaba Millfox, llamada Vía Cuántica.

Mientras los coadministradores judiciales reportaban estos hallazgos al juez Cosentino, la petrolera sumó más problemas. Renunciaron los integrantes de su comisión fiscalizadora, Luciano Sáenz Valiente y Juan Mihura, tras reclamar desde noviembre pasado, sin éxito, que la cúpula de Oil le entregara "información sustancial y formal".